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Revista Colombia Médica, Vol. 39, No. 4 , Oct-Dec, 2008, pp. 356-363 Caracterización de la violencia sexual en adolescentes de 10 a 19 años, 2001-2003, Cali* Characteristics of sexual violence in adolescents from 10 to 19 years of age, Cali 2001-2003 Andrea Aguilar, Fonoaudiol1, Mercedes Salcedo, Bacteriol2 1Profesora Auxiliar, Escuela de Rehabilitación Humana y
co-investigadora Instituto CISALVA, Facultad de Salud, Universidad del
Valle, Cali, Colombia. e-mail: andrea.aguilar71@gmail.com * Los resultados de este estudio son parte de la investigación «Caracterización del contexto y la ocurrencia de los delitos sexuales en jóvenes de 10 a 19 años en Cali, 2001-2003», financiado por Colciencias, Contrato N° 379-2004 COLCIENCIAS-Universidad del Valle, Proyecto 116-04-16452. Recibido para publicación enero 18,
2007 Code Number: rc08080 RESUMEN
Antecedentes: En
Colombia entre las lesiones violentas no fatales, los delitos sexuales
ocupan el cuarto lugar, siendo más afectados los menores de
edad. La violencia sexual experimentada en la infancia o en la
adolescencia deja consecuencias severas. Palabras clave: Violencia sexual; Abuso sexual; Adolescentes; Salud sexual. SUMMARY
Background: In Colombia
among violent not fatal injuries the sexual crimes occupy fourth place,
being more affected the minors of age. The sexual violence experienced
on the infancy or on the adolescence leaves severe consequences. Keywords: Sexual abuse; Scholars; Adolescents; Sexual crime; Sexual health. El delito sexual es una modalidad de agresión caracterizada por actos de violencia física o psicológica, ejercidos por un actor conocido o desconocido (perpetrador) sobre una víctima de cualquier edad o sexo, con un propósito sexual definido1. En Colombia se asimila al término «violación sexual». Permite una mejor comprensión de un asunto tan complejo como es la violencia sexual, ubicar la violencia como un proceso del cual hacen parte, tanto la creación de las condiciones que posibilitan la violencia, como las acciones de preparación y ejecución de dicho acto y sus consecuencias inmediatas y mediatas en los niveles individuales y grupales2. La violencia sexual incluye actos que van desde el manoseo hasta las relaciones sexuales con penetración; desde el incidente aislado hasta el evento crónico e incluye las relaciones sexuales entre adolescentes, así como los ataques violentos de los adultos hacia los niños3. El abuso sexual por su parte es definido como «todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor, para estimularse o gratificarse sexualmente. El carácter abusivo se le atribuye en la medida que pudiéndose realizar estos actos con o sin el consentimiento del menor, se trata de actos para los cuales se carece de la madurez y el desarrollo cognoscitivo necesarios para evaluar su contenido y consecuencias»4. Otros autores5,6 incluyen en la definición de abuso sexual los criterios de coerción y asimetría de edad. El primero, hace referencia al contacto sexual mantenido con un menor mediante el uso de la fuerza física, la amenaza, la presión, la autoridad o el engaño, lo que se considera criterio suficiente para definirlo como abuso sexual, independientemente de la edad del agresor. El segundo, la asimetría de edad, impide la libertad de decisión del niño (a) e imposibilita una actividad sexual compartida, porque los participantes tienen experiencias, grados de madurez biológica y expectativas diferentes. La violencia sexual experimentada en la infancia o en la adolescencia, es un problema al que se le ha dado importancia recientemente5 y se sabe que deja consecuencias severas sobre todo cuando se es víctima en edades tempranas3. El abuso sexual infantil se diferencia de otras formas de maltrato por tener repercusiones psicológicas, aún por encima del daño físico, dejando secuelas que pueden repercutir negativamente en el desarrollo psicosexual, afectivo, social y moral de la víctima, con posibilidades de permanecer y reactivarse en el curso de la vida de la persona abusada7. En América Latina, Colombia es el país con mayor informe de casos de delito sexual8. En el año 2001 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF), realizó 11,508 dictámenes sexológicos y para el año 2003 esta cifra aumentó a 14,2399, de los cuales cerca de 50% de casos correspondían al rango entre 10 y 14 años de edad10. Con el fin de identificar características sociodemográficas de los adolescentes en condición de víctimas, de los agresores y de la ocurrencia de este evento en la población joven de Cali, se realizó un estudio de prevalencia cuyos resultados se presentan a continuación. MATERIALES Y MÉTODOS Se realizó un estudio de prevalencia de casos de los presuntos delitos sexuales valorados por clínica forense y trabajo social (INML y CF), ocurridos en el área urbana de Cali, en población de 10 a 19 años. El marco de trabajo que orientó el estudio es el modelo ecológico, usado por la Organización Mundial de la Salud para el abordaje de la violencia (Gráfica 1)11. Las fuentes de información fueron:
Inicialmente, se diseñó una base de datos en Excel con la información proveniente de las dos fuentes antes señaladas. Sobre ella, se realizó un análisis exploratorio con el fin de observar la distribución de los datos crudos, por frecuencias y proporciones, así como los valores perdidos en las variables. A las variables cuantitativas se les calcularon las medidas de tendencia central (media, moda y mediana). Luego, se calcularon prevalencias y se exploró a través de la prueba del chi2 la relación entre las variables consideradas más relevantes para el estudio. El procesamiento y el análisis de los datos se realizaron en Stata 8.0. Se resalta que por las deficiencias en la calidad de la información recolectada en el INML y CF durante el período en estudio, la información obtenida para cada variable analizada presenta variaciones en el número de casos. En todas las variables se presenta el valor del n total, sobre el cual se calcularon las prevalencias.El proyecto contó con la aprobación del Comité de Ética Humana, Facultad de Salud, Universidad del Valle y con la del Comité de Investigaciones del INML y CF. RESULTADOS Durante el tiempo de estudio (2001-2003) se practicaron en el INML y CF, regional Suroccidente, un total de 1,067 reconocimientos médico-legales por presunto delito sexual en personas de ambos sexos. El mayor porcentaje de casos valorados por clínica forense se registró durante el año 2003 (64%), de los cuales 58.7% correspondió a población entre los 10 y los 19 años. Los casos incluidos en el estudio fueron 250 (Cuadro 1). De acuerdo al marco de trabajo usado, en el nivel individual donde se da cuenta de las características biológicas y de la historia personal del individuo que se relaciona con su comportamiento, los resultados muestran que de los adolescentes valorados durante el período de estudio por violencia sexual, 77.5% (192/248) eran mujeres. El promedio de edad fue 13.3 años (DE 2.49), 45.2% (107/237) de las víctimas informó estudios primarios al momento de la denuncia. Los grados con mayor concentración de casos fueron quinto (10%) y séptimo (15%). Los adolescentes refirieron haber sido víctimas de eventos de violencia sexual (44%) y de violencia familiar (38%) previos al evento denunciado (Cuadro 2). Aunque se encontró una pérdida de 61% en la variable ‘actividad que realizaba la víctima al momento de ser abordada por el agresor’, en los casos en que se contó con esta información se observó una proporción de 1 a 1 entre las actividades desarrolladas en el entorno familiar y aquellas que ocurrieron en el entorno extrafamiliar. Adicionalmente, 38% (57/149) de los casos informaron antecedentes de violencia familiar de manera directa o indirecta, tanto física como verbal y psicológica. Las víctimas indicaron haber sufrido al menos un evento previo de violencia sexual en 44% (75/171) de los casos. Con respecto a los agresores, 99.1% (224/226) eran de sexo masculino, con edad promedio de 34 años (rango entre 10 y 67), y mediana de 35 años. Esta variable presentó una distribución simétrica. La mayor parte de los agresores (40.4%) tenía como ocupación principal los oficios varios (38/94), entre los que se incluyen mecánico, vigilante, pintor, zapatero y vendedor ambulante; 47% (44/94) se clasificó en la categoría otros, teniendo como ocupación oficios de empleados, dueños de establecimientos comerciales, tenderos y guardas de seguridad; 12% (12/94) restante hizo referencia a ocupaciones como médicos, abogados, ingenieros, docentes, fotógrafos o personas con oficios influyentes a nivel comunitario relacionados con actividades religiosas, deportivas o culturales. En el nivel relacional, se tuvieron en cuenta las características de las relaciones con el entorno inmediato y posibles factores de riesgo desencadenantes de violencia. Para el estudio se obtuvo información sobre relaciones familiares, tipo de vínculo con el agresor y red de apoyo familiar. Los principales hallazgos indican que entre las víctimas que dijeron tener vínculo familiar con el agresor (77/165), 70% corresponde al padre o quien representara la figura paterna y 30% restante a otro familiar cercano como tío, primo o hermano. Los jóvenes que indicaron no tener vínculo familiar con el agresor (88/165), señalaron que 71% eran amigos, vecinos o conocidos de la familia, mientras que 29% refirió haber sido agredido por un desconocido. Los hallazgos dan cuenta que 41.2% (73/178) de las víctimas pertenecía a familia mixta; 31.5% (56/178) a monoparental; 15% (27/178) nuclear y 12.2% (22/178) familia extensa. Además de identificar el tipo de familia, se obtuvo información sobre las personas con quienes vivía la víctima en la misma residencia y se encontró que 72% (116/162) convivía con otros familiares como tíos, abuelos y primos y 28.4% (46/162) restante vivía con amigos o conocidos. La relación del agresor con la víctima indicó que 82.7% (157/191) eran personas conocidas por la víctima o sus familiares. Entre los agresores conocidos, 44.3% (70/157) tenían algún vínculo familiar con la víctima. Los agresores con vínculo familiar que asumen el papel de figura paterna incluído el padre, el padrastro y el abuelo representaron 70% (49/70) y otro familiar como tío, primo o hermano 30% (21/70). Adicionalmente se informó que los agresores sin vínculo familiar con la víctima eran personas cercanas o conocidas por la familia, vecinos o amigos del barrio en 71.1% (64/88) de los casos. No hay indepedencia entre el vínculo del agresor y la edad de la víctima (chi2= 164.806, Pr=0.000). La respuesta de la familia ante el evento de abuso se clasificó como positiva en 63.2% (91/144), definida como una reacción de protección, donde se le daba a la víctima credibilidad, apoyo en la denuncia, se le separaba del agresor o se le brindaba soporte psico-social; 30.5% (43/144) de los casos indicó una respuesta negativa, entendida como una reacción de desprotección, donde no hubo apoyo a la víctima, no se le dio credibilidad y se le distanció de la familia. La situación de violencia sexual fue conocida y puesta en evidencia por un integrante de la familia diferente a la madre, en 58% (73/125) de los casos. La propia víctima informó sobre el hecho en 29% (36/125) de los casos. La participación de vecinos o amigos en el conocimiento del delito fue 7% (9/125); un desconocido 3.2% (4/125) y los docentes 2.4% (3/125). En el análisis exploratorio los datos sugieren que hay diferencias entre la reacción de la familia ante el evento y el tipo de vínculo que tiene la víctima con el agresor (chi2 (15)=39.6943 Pr=0.001). La forma de abordaje más común empleada por el agresor fue amenaza o uso de la fuerza 40.2% (74/183), chantaje o engaño 27.5% (50/183). En 22% (40/183) de los casos el abordaje fue sorpresivo. Mecanismos similares fueron empleados por el agresor para inducir a la víctima a guardar silencio encontrándose una prevalencia de 46.3% (83/179) de amenaza y 24% (44/179) chantaje con mediación de dinero o afecto. Los adolescentes presuntamente agredidos informaron no haber sido expuestos a mecanismos para guardar silencio en 17.2% (30/179), como en los casos de inducción a la prostitución12 o en las violaciones, evidenciándose esta última forma sobre todo en las niñas mayores de 15 años. El resto manifestó que el agresor empleó varias técnicas para inducir al silencio. Las víctimas informaron que hubo cómplices al momento del hecho en 31% (52/167) de los casos. Además, 43% ( 66/155) adolescentes dijeron conocer sobre otras víctimas del mismo agresor. El nivel comunitario indaga por los contextos comunitarios como la escuela, el lugar de trabajo y el vecindario. En el estudio se recogió información sobre el lugar de ocurrencia del evento; 51% (116/228) de los abusos ocurrieron dentro de la residencia de la víctima y 20.6% (47/228) en la residencia del agresor. Otros escenarios que se identificaron fueron la vía publica 10.5% (24/228), la casa de un familiar de la víctima o un familiar del agresor 9.6% (22/228). Finalmente se identificaron las 10 comunas con mayor prevalencia 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14, 18, 20 y 21, donde se concentró 63.3% (103/163) de los casos denunciados en el período de estudio. DISCUSIÓN El presente estudio permitió caracterizar los casos de violencia sexual en adolescentes de 10 a 19 años valorados por el INML y CF regional Suroccidente en Cali, durante el período 2001 a 2003. Es importante aclarar que los casos que llegan al INML y CF son aquellos que exigen evaluación para la investigación penal adelantada, y por tanto no todos los presumibles delitos sexuales que ocurren llegan a esta institución9. En este sentido, los resultados de este estudio aunque no son generales a toda la población víctima de abuso sexual, si permiten una aproximación a la ocurrencia del evento en la población adolescente de Cali, dadas las características de fenómeno tabú que aun persisten. La información de los casos denunciados sigue siendo, por el momento, una de las formas de indagar sobre el problema. El grupo más afectado fueron las mujeres con una prevalencia de 77.5%, hallazgo que se pudo corroborar con lo expuesto en estudios realizados a nivel internacional13 y nacional9,8 que informan 85.9%, 84.4% y 86.2%, respectivamente. El grupo etáreo de mayor prevalencia fue el de 10 a 14 años de edad con 80.3%, similar al informe del INML y CF en el 2003 que indicó que 75% de los casos valorados durante ese año correspondían a menores de 15 años9, al tiempo que señaló que el riesgo de ser víctima de un abuso sexual se incrementa hasta los 14 años y después disminuye con la edad. Del total de agresores 99.1% (224/226) eran hombres mayores de 30 años, lo cual coincide con hallazgos en otros estudios13,14 donde se encontró que la totalidad de los agresores pertenecían al sexo masculino y se encontraban en la etapa de mayor actividad sexual y desarrollo de la fuerza física entre los 15 y 44 años. En el presente estudio, los adolescentes informaron un agresor conocido en 82.7% (157/191), de los cuales 44.3% (70/157) tenía vinculo familiar. En dos estudios revisados5,15 se informa una prevalencia de agresores pertenecientes a familia extensa de 29.2% en España y en México 50% eran familiares. En Colombia el INMLy CF reportó para el año 2003 que más del 50% de los agresores sexuales correspondieron a familiares9. Con respecto al vinculo con el agresor, un estudio en España5 indicó que la mayoría de los agresores son figuras paternas (38.4%), y en el estudio actual los agresores con vínculo familiar y papel de figura paterna representaron 70% (49/70), un mayor porcentaje al publicado en la literatura. Un estudio realizado en 21 países de América Latina16 encontró que 55% de las violaciones eran intrafamiliares, perpetradas por el padre, padrastro y otros parientes. En el mismo estudio se indica que sólo 19.7% eran agresores desconocidos para la víctima, dato que coincide con la investigación donde 17.7% de los adolescentes dijo haber sido agredido por un extraño. La presencia de violencia familiar como un factor asociado con la violencia sexual fue reportada por Ysern De Arce & Becerra14. En el presente estudio, 44% (n=171) de las víctimas indicaron haber sufrido al menos un evento previo de violencia sexual y 38% (n=149) haber estado expuesto a violencia familiar, dato que coincide con los hallazgos del diagnóstico de niñez y adolescencia para América Latina donde se revela que entre 5% y 40% de las mujeres adolescentes informaron por lo menos la ocurrencia de un abuso sexual. En este mismo sentido un informe en Canadá17 indica que entre 8% y 10% de los niños y entre 12% y 25% de las niñas han sido víctimas de abuso sexual de manera frecuente antes de cumplir los 18 años de edad. En el análisis exploratorio los datos sugieren que hay diferencias en la reacción de la familia ante el evento dependiendo del tipo de vínculo que tiene la víctima con el agresor. Esta hipótesis ha sido documentada en un informe de las autoridades chilenas donde se informa que la cifra de los delitos varía de acuerdo con el tipo de vínculo, encontrándose mayor déficit de denuncia en los casos de violencia sexual intrafamiliar18. Estrategias como el chantaje o el engaño se identificaron en 12.5% de los casos apareciendo como una forma fácil en que el adulto agresor se acerca al menor víctima y logra la inclusión del componente sexual en la relación con el menor sin que este logre identificar que está siendo abusado19. Estas formas de chantaje tuvieron mediación del dinero o algún bien material prometido a la víctima. Finalmente, aunque no era objeto del estudio indagar por la variable discapacidad, se encontraron 3 adolescentes con discapacidad intelectiva, que según la literatura es un factor de riesgo adicional para ser víctima de abuso sexual20. CONCLUSIONES La violencia sexual en la población adolescente constituye un importante problema de salud pública, del cual sólo se conocen datos de los casos denunciados, lo que implica reconocer que estudios como este parten de información parcializada, restringida a contextos institucionales de justicia y protección, pero que permiten inferir que detrás del sub-registro hay un verdadero problema de salud colectiva que aún no se ha logrado evidenciar. La violencia sexual es un hecho que despierta toda clase de sentimientos encontrados ante los cuales las personas se encuentran incapacitadas para dar respuestas, por los niveles de angustia que despierta. Además, ella se presenta en un contexto que la facilita o permite, que de alguna manera ha llegado a «normalizarla», como si su alta frecuencia fuera un criterio de normalidad20. A este respecto llama la atención que en algunos de los casos del estudio, los menores informaron la presencia de cómplices al momento del evento identificándolos como menores de edad familiares, amigos y vecinos tanto de la víctima como del agresor, quienes participan de manera indirecta en el evento, o adultos que apoyan el abuso sexual. Frente a este hallazgo no se encontró literatura publicada. En el estudio no se incluyeron adolescentes pertenecientes a estratos socioeconómicos altos porque no hubo denuncias correspondientes a este segmento de la población, lo cual no indica necesariamente que el fenómeno no ocurra en población de mayor poder económico sino que podría pensarse que incluso, en adolescentes pertenecientes a familias de mayores recursos económicos, es menor el apoyo para la denuncia y mayor la necesidad de guardar el secreto. La mayor prevalencia de violencia sexual en comunas con indicadores de desventaja social, como aquellas ubicadas en la zona de ladera y la zona oriente de la ciudad de Cali, requiere una mirada más detallada para indagar si el alto número de casos denunciados tiene que ver solamente con una mayor ocurrencia del evento o se relaciona también con una mayor presencia de instituciones de justicia, protección y atención a los jóvenes en la zona, así como a un trabajo comunitario con mayores niveles de desarrollo que en el resto de la ciudad. El alto porcentaje de jóvenes que se encontraban escolarizados sumado a la presencia de los maestros como personas de confianza para el menor, convierten a la escuela en un lugar importante para la búsqueda de apoyo y soporte por parte de las víctimas de abuso sexual. Se recomienda que una de las intervenciones integrales para la prevención del abuso sexual pueda orientarse al contexto escolar además de acciones intersectoriales que promuevan el uso de los servicios de salud y justicia como una alternativa confiable para que la población adolescente sea atendida y orientada en caso de violencia sexual. REFERENCIAS
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